La Corte Constitucional determinó que los congresistas incurren en conflicto de intereses si no se declaran impedidos en las votaciones de actos legislativos que puedan beneficiarlos, así lo decidió al declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 del 2011. La Procuraduría había manifestado que esta reforma afectaba la estructura de la Carta Política en lo relacionado con la prevalencia del interés general y varios artículos relativos a los deberes de los congresistas.