La Corte Constitucional declaró constitucionales las funciones atribuidas por el Congreso de la República a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), relacionadas con la protección a la competencia, en cualquier campo económico y en forma privativa. A su juicio, existe una distribución de competencias entre el Ejecutivo y el Legislativo y esta norma no supone la invasión de funciones de otra entidad (artículo 2º y 6º parciales de la Ley 1340 del 2009).