La Corte Constitucional se abstuvo de examinar la norma del Decreto-Ley Antitrámites que obliga a las partes que lleguen a una conciliación extrajudicial a suscribir un documento público cuando acuerden transferir, gravar, limitar, afectar o desafectar derechos de propiedad o reales sobre bienes inmuebles. La Sala Plena se declaró inhibida para examinar la constitucionalidad del artículo 90 del Decreto-Ley 019 del 2012, pese a que la Procuraduría sugirió declararlo exequible (M. P. María Victoria Calle).