La Corte Constitucional se declaró inhibida para examinar de fondo la demanda a la reforma a la Ley de Justicia y Paz que permite dejar sin efecto los beneficios jurídicos otorgados a los desmovilizados, incluso cuando hayan sido objeto de condena (artículo 26 de la Ley 1592 del 2012, modificatorio del artículo 25 de la Ley 975 del 2005). En este caso, concluyó la Sala Plena, la acción no reunía los requisitos mínimos que la ley exige para activar el control de constitucionalidad (M. P. Mauricio González).