La Corte Constitucional se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a las normas que regulan la formulación de objeciones presidenciales a proyectos de ley. La Sala Plena se declaró inhibida de examinar la demanda contra los artículos 197, 198 y 199 de la Ley 5ª de 1992, pues consideró que los alegatos del demandante carecían de suficiencia. La Procuraduría había solicitado a la alta corporación no examinar la demanda, argumentando que se equivocaba el accionante al asumir que la defensa de garantías y libertades lleva implícita la posibilidad de formular objeciones presidenciales a actos legislativos (M. P. Luis Guillermo Guerrero).