La Corte Constitucional se declaró inhibida para examinar la norma del Estatuto de Arbitraje que limita las posibilidades del proceso ejecutivo en contra de la parte que desconoce las obligaciones que le atañen con respecto a la cancelación de gastos y honorarios arbitrales (inciso 2º parcial del artículo 27 de la Ley 1563 del 2012); el texto demandado establece el mecanismo de excepción como el único instrumento contra el proceso ejecutivo que tenga lugar, como consecuencia del incumplimiento de este tipo de responsabilidades. La Sala Plena indicó que frente a los cargos, entre los que se cuenta una supuesta omisión legislativa relativa, no se dio una explicación de por qué la disposición podía tener los efectos previstos por el actor. La Procuraduría compartía esta conclusión, al precisar que las observaciones parecían más propias de un proceso ordinario que de una acción pública de constitucionalidad (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).