Inhibida se declaró la Corte Constitucional frente a la demanda que ataca la norma que regula la participación de la Corte Suprema de Justicia en trámites de extradición (artículos 501, 506 y 509 de la Ley 906 del 2004). La Procuraduría también había llegado a esta conclusión, por considerar que el actor quería resolver por medio de la acción pública de constitucionalidad un asunto propio de una tutela. Además de sugerir al accionante que acuda a la acción de amparo, el Ministerio Público manifestó que le llamó la atención la argumentación del magistrado ponente para admitir la demanda.