La Corte Constitucional ratificó la necesidad de adelantar consulta previa antes de tomar de decisiones que limiten el uso del espacio público a comunidades negras o indígenas. Esto al rechazar la acción de nulidad contra la tutela en la cual se ampararon los derechos invocados por un grupo de afrodescendientes de La Boquilla, en Cartagena (Bolívar), que vieron afectado el desarrollo de las actividades comerciales que desarrollaban en esas playas como consecuencia de la autorización de la administración para el uso privado de ellas. En su momento, el alto tribunal revocó la decisión administrativa que impedía la presencia de vendedores ambulantes en la zona, mientras se adelantaba el respectivo proceso de consulta con las comunidades. El magistrado Jorge Ignacio Pretelt fue el único que se opuso a la determinación, pues consideraba que se debía anular, en tanto que los magistrados Gloria Stella Ortiz, Martha Sáchica y Luis Guillermo Guerrero anunciaron que aclararán su voto.