Pese a que la Corte Constitucional no pudo tomar una decisión definitiva frente al acuerdo establecido entre Colombia y Estados Unidos para intercambiar información tributaria, la mayoría de los integrantes de la Sala Plena apoyó su declaratoria de inexequibilidad (Ley 1666 del 2013). Por una votación de 4 a 3, la postura que por ahora prevalece sostiene que la iniciativa aprobada por el Congreso debió ser examinada a través de una votación nominal y pública y no por el mecanismo ordinario. Quienes apoyan esta tesis consideran que se trata de un vicio insalvable que debe originar la declaratoria de inconstitucionalidad, debido a que así lo indica la jurisprudencia desarrollada por ese alto tribunal y que llevó a no darle visto bueno constitucional a un tratado que otorgaba nuevas capacidades de actuación al Fondo Monetario Internacional (FMI). Aunque la ponencia, en este caso, reconoce la existencia de la anotada irregularidad, la considera menor y subsanable y, por lo tanto, propone mantener la Ley en el ordenamiento.