La Corte Constitucional determinó que el Gobierno discriminó a gitanos y raizales sanandresanos al no incluirlos en los planes de subsidio de vivienda en especie para minorías étnicas, ordenados mediante los artículos 13 (parcial) y 28 de la Ley 1537 del 2012, de ahí que haya declarado condicionalmente exequibles estos apartes, bajo el entendido que tales comunidades deben recibir el mismo enfoque diferencial y específico de otros grupos tribales en la ejecución de las políticas allí descritas. La Sala Plena precisó que este déficit no quedaba superado con la referencia que de estos grupos étnicos se hacía en el artículo 12 y añadió que su inclusión en condiciones de igualdad con otros núcleos poblacionales requería de una mayor priorización y énfasis (M. P. Jorge Iván Palacio).