Adicionalmente, buscará resolver la solicitud de nulidad de la Sentencia C-258 del 2013, que declaró inexequible el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992 (D-9173), así como la nulidad de la tutela que ordenó dar término al proceso de revocatoria del mandato que se inició en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro (Sentencia T-066 del 2015). Además, determinará si la Corte Suprema acertó al considerar que la Contraloría carecía de competencia para adelantar actuaciones contra el Fiscal General (Expediente T-4124790). En cuanto a temas de constitucionalidad, la Corte analizará el aumento de la tasa para el cubrimiento de gastos de funcionamiento de la Superintendencia de Puertos y Transporte (Superpuertos) que se cobra a sociedades y a los operadores portuarios vigilados por esa entidad (artículo 89 de la Ley 1450 del 2011, D-10445); las reglas del sistema de carrera para los empleados de la Dian (9°, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 34, 27, 38, 47, 48 parciales del Decreto 765 del 2005, D-10470) y el acuerdo para la protección de la inversión firmado por Colombia y Japón (Ley 1720 del 2014, LAT-433). También se estudiará la solicitud de nulidad contra una tutela que ordena adelantar consulta previa frente a la construcción de un relleno sanitario (Sentencia T-294 del 14).