La Corte Constitucional empezará a examinar la demanda que busca que se retire del ordenamiento la ley que supuso la inclusión de Colombia en el llamado Pacto de Bogotá y, por ende, se deje sin efectos el poder vinculante de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya frente a la administración nacional (artículos 2º y 5º parciales y los capítulos 4º y 5º de la Ley 37 de 1961 (D-9852)).A su vez, estudiará el proyecto que busca eliminar la elección popular de los parlamentarios andinos (P. L. 141/13S–146/13C (PE-043)), la determinación de los bienes que conforman el patrimonio cultural sumergido de la Nación (artículo 14 parcial de la Ley 1306 de 2009 (D-9878)) y una nueva acción contra la reparación administrativa de las víctimas de grupos armados, contemplada en la reforma a la Ley de Justicia y Paz (artículo 23, 24 y 40 de la Ley 1592 del 2012(D-9849)).