La Corte Constitucional dejó sin efectos la decisión por medio de la cual el Consejo Superior de la Judicatura decretó la nulidad de un proceso en el que se había impuesto una condena de 23 años de cárcel por homicidio, en grado de tentativa, y hurto calificado al empresario de taxis Jorge Andrés Montoya. La providencia había sido proyectada por la magistrada María Mercedes López.