La Corte Constitucional declaró como ajustada a la Carta Política de 1991 la norma que prohíbe la práctica de la anticoncepción quirúrgica en menores de edad (artículo 7° de la Ley 1412 del 2010). Sin embargo, aclaró, la aplicación de esta limitación no impide que se practiquen estos procedimientos en menores de edad con discapacidad mental, cuando estén en riesgo su vida o su salud. En ese sentido, la Procuraduría, en su concepto favorable, había destacado las obligaciones internacionales asumidas por Colombia a través de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, cuyos artículos 10 y 17 defienden garantías a la vida y la integridad física de esta población.