La Corte Constitucional declaró como ajustado a la Carta Política el estatuto y reglamento general de la Organización de Policía Criminal (Interpol). Para la Sala Plena, este instrumento internacional se ajusta a fines constitucionales relacionados con el desarrollo de las relaciones internacionales del país. La Procuraduría había sugerido declarar exequible la disposición, entre otras cosas porque, a su juicio, se adecuaba a la jurisprudencia constitucional según la cual la inmunidad es un principio de derecho internacional público que protege a agentes y bienes de Estados extranjeros frente al poder de las autoridades coercitivas de la administración huésped.