La Corte Constitucional declaró como ajustada a la Carta Política de 1991 la Convención sobre la prohibición del uso de munición en racimo (Ley 1604 del 2012). El alto tribunal determinó que esta herramienta contribuye a la preservación del Derecho Internacional Humanitario que, para el caso colombiano, guarda un especial valor, dado el conflicto que todavía enfrenta. Indicó que la necesidad de establecer esta limitación surgió de las frecuentes mutilaciones que sufrieron poblaciones en la cuales se hizo uso de dicho armamento; de ahí la necesidad de adelantar tareas institucionales para evitar su utilización y propagación. Finalmente, sostuvo que su trámite en el Congreso se ajustó a parámetros constitucionales. La Procuraduría había solicitado que la plataforma fuese declarada exequible.