La Corte Constitucional declaró condicionalmente exequible el régimen de áreas metropolitanas contenido en la Ley 1625 del 2013. La corporación determinó que la norma se ajusta a la Carta Política de 1991 en el entendido de que el concepto de las comisiones especiales de seguimiento al proceso de descentralización y ordenamiento territorial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, frente a la conformación de determinada área, no tiene poder vinculante (literal g) del artículo 8º) y que la participación, con voz pero sin voto, de un representante del Gobierno nacional en la junta metropolitana ni siquiera tendrá incidencia en la formación del quórum.