La Corte Constitucional declaró exequible la norma que exime a los accionistas de sociedades por acciones simplificadas (SAS) de responsabilidades por las deudas laborales de la organización (artículo 1º parcial de la Ley 1258 del 2008). A juicio del alto tribunal, esta disposición no supone amenaza alguna para los empleados, pues las garantías que los deben cobijar se encuentran suficientemente reguladas. No obstante, la Sala precisó que ante la evidencia de fraude por parte de los socios para que no se cumplan estas obligaciones se debe levantar el velo que los cobija. La Procuraduría había sugerido a la Corte abstenerse de analizar de fondo los cargos de inconstitucionalidad.