La Corte Constitucional declaró como ajustado a la Carta Política de 1991 el tratado de extradición celebrado entre Colombia y México México (Ley 1663 del 2013). Sin embargo, sostuvo que se debe adelantar una declaración interpretativa alrededor de los términos temporales de las diferentes actuaciones. La Procuraduría había coincidido parcialmente con la posición asumida por la alta corporación, al solicitar la declaratoria de constitucionalidad del instrumento.