La Corte Constitucional condicionó la exequibilidad de la norma que fija los parámetros de entrega de indemnizaciones a las víctimas de la violencia al hecho de que ello no les impida acudir a instancias judiciales, manteniendo la posibilidad de que se aplique un descuento de los valores pagados por concepto de reparación administrativa. Así las cosas, la corporación declaró condicionalmente constitucional los incisos 2º y 3º del artículo 132 de la Ley 1448 del 2011 (Ley de Víctimas). El magistrado Mauricio González salvó el voto, por considerar que la disposición no impedía acudir al poder jurisdiccional para reclamar derechos distintos a los acordados; en igual sentido obró Luis Ernesto Vargas, porque, a su juicio, no pueden ser sometidos a transacción derechos emergidos de la comisión de delitos de lesa humanidad. La corporación coincidió parcialmente con la postura de la Procuraduría, que había concluido que los apartes demandados de la disposición eran constitucionales (M. P. María Victoria Calle).