Se trata de un proceso suspendido hace varios meses, que obligó al nombramiento de conjueces, como lo anunció la presidenta del alto tribunal, María Victoria Calle, el pasado 12 de marzo. La Corte examinará la constitucionalidad de los criterios de macrocriminalidad y priorización de casos incluidos a la Ley de Justicia y Paz (D-9818; artículos 2, 5A, 6, 11A, 11C, 11D, 15, 15A, 16, 16A, 17, 17B, 17C, 18, 18A, 18B, 22, 23, 23A, 25, 26, 44, 46, 46A, 46B, 54 y 72 de la Ley 975 del 2005, además de los comprendidos entre el artículo 38 y el 41 de la Ley 1592 del 2012).