La Corte Constitucional anuló un fallo de tutela en el que una de sus salas de revisión había amparado el derecho al debido proceso de una firma contratista. En su momento, la sala consideró que la Alcaldía de Santa Marta (Magdalena) violó garantías con su determinación de revisar un contrato celebrado para la modernización del sistema de recaudo de impuestos. Así las cosas, se dejó sin efectos la decisión adoptada en la Sentencia T-1082 del 2012 y se dictara una nueva providencia.