La Corte Constitucional anuló un nuevo fallo del Consejo de Estado en el cual se había ratificado la exoneración de responsabilidad patrimonial a la Nación, en este caso por la muerte de un detenido en un calabozo de la Sijín. La corporación determinó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en un error fáctico al dejar de practicar una prueba decretada, pese a que era vital para resolver el asunto; ello porque el contencioso concluyó que no había pruebas que acreditaran la responsabilidad de la administración en el daño antijurídico, luego de abstenerse de tener en cuenta el expediente entonces a cargo de la Fiscalía. La máxima instancia constitucional observó que pese a que la investigación penal puso en evidencia que la muerte del civil sí se produjo dentro de las instalaciones de la Sijín, la Nación había sido exonerada por falta de pruebas, en fallo que fue ratificado por el Consejo de Estado. Así las cosas, la Corte decretó la nulidad, para que el juez de primera instancia practique la prueba, haga la nueva valoración y expida el respectivo fallo.