Así lo determinó el Consejo de Estado, al precisar que dicha facultad es de competencia exclusiva del legislador. Para el alto tribunal, procesos de responsabilidad fiscal que se desarrollen a través de reglas de procedimiento distintas a las fijadas por el Congreso son violatorias del artículo 6º y 29 de la Constitución, que imponen a las autoridades juzgar a particulares únicamente a través de los parámetros legales y superiores existentes, garantizándoles el derecho al debido proceso. Frente al caso, la Sala aplicó la excepción de inconstitucionalidad propia del artículo 4º constitucional para dejar sin efectos la sanción fiscal en cuestión; esto debido a que se aplicó la Resolución 810 de 1994, por medio de la cual la Contraloría del Huila había establecido reglas para adelantar procesos de responsabilidad fiscal, actuando por fuera de sus competencias (C. P. María Elizabeth García).