Así lo determinó la Corte Constitucional, en una acción de tutela que interpuso el fiscal Eduardo Montealegre en contra de la decisión de la Contraloría de abrir un proceso de responsabilidad fiscal en su contra. La Sala Plena le dio la razón al jefe del ente investigador, al considerar que el fuero constitucional del funcionario se extiende al ámbito de responsabilidad fiscal, por lo que la competente en la materia era la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. En su decisión, la Corte tuvo en cuenta la aplicación del artículo 174 de Constitución, que le impone al Senado conocer de las acusaciones que formule la Cámara de Representantes a este y demás aforados; el 175, que establece las reglas de dichos juzgamientos y el 178, que establece las atribuciones de la Cámara de Representantes.