¿Omitir recomendaciones de la Ocde superaría el paro?

Catalina Albornoz De la Cuesta

 

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

En medio de cacerolazos, movilizaciones pacíficas, denuncias por abusos de autoridad y algunos actos vandálicos, ha transcurrido el paro nacional, cuya planeación se remonta al “encuentro nacional de emergencia”, del pasado 4 de octubre, presidido por los comités ejecutivos de las centrales obreras CUT, la CTC y la CPC, y en el que participaron más de 100 organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales.

 

Si bien a lo largo de las jornadas se han ido uniendo más causas y se invocan cada vez más motivos, lo cierto es que lo que ha dado origen a la protesta es lo que se ha denominado como “el paquetazo de Duque”.

 

De acuerdo con un comunicado de prensa del Comité Nacional del Paro, esa expresión se ha empleado para hacer referencia “a las reformas laboral, pensional y tributaria, la privatización del aparato productivo del Estado y del sector financiero estatal por medio del holding, el tarifazo nacional en favor de Electricaribe, el incumplimiento de los acuerdos con sectores sindicales, sociales y estudiantiles, la restricción del derecho a la protesta social, la eliminación del salario mínimo y la impunidad total frente a la corrupción”.

 

Y, según el manifiesto que suscribieron estas organizaciones como conclusión del encuentro, los compromisos adquiridos con la Ocde, tras la aceptación de Colombia como miembro, son las que han impuesto al Gobierno la adopción de las medidas normativas allí incluidas y que han sido calificadas como lesivas a los intereses de trabajadores, pensionados, estudiantes, entre otros. Pero, ¿cuáles son esas reformas?

 

Reforma tributaria

 

Los promotores del paro aseguran que se viene una reforma tributaria con la que se pretende seguir rebajando los impuestos a las grandes empresas y multinacionales e imponer más tributos a la clase media y a los trabajadores.

 

En el documento que compone los “Estudios Económicos de la OCDE Colombia 2019”, se afirma que, desde el 2015, las diferentes reformas en esa materia ya han venido respondiendo a las recomendaciones de esa organización. 

 

De hecho, señala que “las últimas reformas se promulgaron en diciembre de 2016 y en diciembre de 2018, incorporando algunas recomendaciones de la OCDE, como la reducción de los impuestos a la renta de las sociedades, la eliminación del impuesto al patrimonio de las empresas o el aumento de la tasa del IVA y medidas para reducir la evasión de impuestos (...). Siguen siendo necesarias reformas adicionales para reequilibrar la carga tributaria, que recae principalmente en las empresas, así como para simplificar el sistema de impuestos. También es necesario aumentar los ingresos de forma sostenible, lo cual aumentaría la previsibilidad y contribuiría a impulsar la inversión”.

 

Reforma laboral

 

Por otro lado, los promotores del paro han señalado que el partido afín al Gobierno ha propuesto medidas laborales que representan una desmejora para los trabajadores.

 

Esta afirmación se sustenta en el contenido del Proyecto de Ley 212 del 2019, radicado con el objeto de reducir la jornada laboral semanal de manera gradual, permitir la contratación laboral a tiempo parcial para jóvenes de 18 a 28 años de edad, mujeres mayores de 57 años y hombres mayores de 62, así como permitir los aportes a la seguridad social y el pago de prestaciones sociales en proporción al tiempo laborado, en virtud de estos contratos.

 

Ante la polémica que suscitó esta iniciativa, en días pasados el senador y promotor del proyecto, Álvaro Uribe, anunció que retiraría el artículo que abría la puerta a los contratos por horas para los jóvenes.

 

En lo que respecta a las sugerencias de la Ocde, los líderes del paro se han mostrado alertas por las recomendaciones tendientes a revisar la financiación de las cajas de compensación familiar, para que dejen de hacerlo mediante contribuciones de los empleadores o estas puedan convertirse en opcionales.

 

Igual ocurre con las observaciones que sostienen que la protección del empleo debe utilizarse con cautela, ya que puede obstaculizar la movilidad laboral que aumenta la eficiencia.

 

Reforma pensional

 

Los organizadores del paro nacional dicen que se podría dar una eliminación de la pensión como derecho de los trabajadores. Además, argumentan que el Gobierno busca convertir a Colpensiones en un fondo privado, sin contar que pretenden que existan pensiones por debajo del mínimo a través de los beneficios económicos periódicos (Beps).

 

Al respecto, el documento antes referido de la Ocde asegura que “la reforma del sistema de pensiones es urgente. Incrementar la ya baja edad de jubilación, especialmente en el caso de las mujeres, y vincularla al aumento de la esperanza de vida, fomentaría la sostenibilidad. Se debe aumentar la cobertura y el nivel de las prestaciones del programa Colombia Mayor, el componente no contributivo del sistema”.

 

“Aumentar el número de años de ingresos que se tienen en cuenta al calcular las pensiones contribuiría a financiar medidas de apoyo a los ingresos en la vejez”.

 

‘Holding’

 

Aunque una de las razones del paro atacaba la creación de un holding financiero, en tanto se eliminaría el control directo del Estado sobre los dineros de las empresas financieras estatales, que conduciría a “una masacre laboral”, el pasado 24 de noviembre, el Ejecutivo expidió el Decreto 2111, que lo convirtió en una realidad.

 

Por eso, ahora el pliego incluye la derogación de la norma que creó el Grupo Bicentenario, el cual tiene por objeto agrupar a las entidades estatales que prestan servicios financieros para “alinear estratégicamente a las empresas”.

 

Encrucijada

 

Ahora bien, si esas medidas normativas que se invocan en el “paquetazo” provienen de un compromiso adquirido con la Ocde, ¿qué salida tiene el Gobierno para solucionar esa encrucijada? ¿Debe salirse de la Ocde? ¿Debe insistir en su adopción a riesgo del inconformismo de los protestantes?

 

Según el politólogo Daniel Quiroga Plazas, aunque el ingreso a la Ocde por parte de Colombia ha sido controversial, debido a las recomendaciones que el organismo multilateral emitió para que el país ingresara a la organización, es importante recordar que las mismas no son de carácter vinculante y, por lo tanto, el Gobierno Nacional tiene la potestad para llevarlas a cabo o no. Por tal motivo, señala, plantear que Colombia deba salirse de la Ocde no es la solución para finalizar el paro.

 

Igualmente, asegura que es importante entender que la recomendación del organismo multilateral en materia pensional se genera en un contexto en el que la población del mundo y, especialmente, de los países miembros, se encuentra en un proceso de envejecimiento. De ahí la sugerencia de revisar el sistema pensional y encontrar soluciones para financiarlo.

 

Respecto a la reforma laboral, resalta la urgencia por encontrar un enfoque que fomente la empleabilidad en el país, ya que, como se ha experimentado durante el 2019, el desempleo ha llegado al 10,2 % en el mes de septiembre y las soluciones que han propuesto algunos centros de pensamiento y congresistas no dan una respuesta viable.

 

Por tal motivo, opina que la invitación para resolver el paro debe centrarse en desarrollar una actitud de escucha, bajarle al tono de la discusión y generar un ambiente de negociación y diálogo en la que se construya una agenda conjunta con todos los actores.

 

Similar posición tiene el politólogo Juan Camilo Dávila Díaz, quien también precisa que las recomendaciones de la Ocde no generan una obligación para que se emprendan esas reformas.

 

De hecho, en su concepto, esa organización es, sobre todo, un evaluador y no puede imponer políticas públicas por encima de la soberanía de los países. En esa medida, señala que decidir no implementar esas medidas no conduciría, necesariamente, a retirarse de la Ocde.

 

Bajo ese planteamiento, coincide en que el camino es buscar canales de comunicación para que el Gobierno pueda articular todas esas demandas ciudadanas que “hoy ni siquiera tienen liderazgos claros, en algunos casos, porque solo algunas están muy bien interpretadas por el comité del paro. Muchas otras exceden el pliego de condiciones iniciales”.

 

Todo esto, a su juicio, no es incompatible con la adopción de algunas de las medidas que recomienda el organismo multilateral, que impliquen legitimidad, que le permitan al Gobierno Nacional acercarse a las recomendaciones y calme el malestar social.

 

Finalmente, el politólogo Sergio Fernández Granados, aun cuando manifiesta que lo mejor sería que Colombia no hiciera parte de la Ocde, admite que es muy poco probable que el Gobierno actual estime la posibilidad de salirse, entre otras cosas, porque su visión de país coincide con las orientaciones que da el organismo.

 

En su sentir, la salida que tiene el Gobierno Nacional es legislar para el país, considerando su particular situación, y no para adecuarse a medidas que no son propias de los países periféricos, sino que se ajustan solo a la realidad de un país como EE UU.

 

Así, queda claro que las recomendaciones de la Ocde pueden, o no, ser implementadas, decisión que, con la puerta abierta al diálogo, la atención a las preocupaciones de la ciudadanía y la adopción de medidas que reduzcan el impacto negativo en los sectores protestantes demostrarán un verdadero ánimo de concertación.