El representante del Pacto Histórico, Pedro José Suárez, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo que busca armonizar la Constitución Política en materia de derechos políticos con el objetivo de asegurar y proteger los derechos políticos de los ciudadanos.

La iniciativa pretende armonizar la Constitución Política con lo dispuesto en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs Colombia, en lo que concierne a las facultades jurisdiccionales de la Procuraduría y a los derechos políticos, teniendo en cuenta la relevancia del bloque constitucional las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, mediante la modificación de los artículos 40, 277 y 278 de la Constitución.

Según lo propuesto, los derechos políticos de los ciudadanos solo podrán ser limitados por un juez penal mediante sentencia judicial, preservando en la Procuraduría la facultad de investigar a los funcionarios públicos y reiterando la facultad del Procurador General de desvincular del cargo a funcionarios salvo los elegidos por voto popular, en consonancia con las obligaciones internacionales del Estado.

Con lo anterior se pretende garantizar que el proceso sancionatorio que implique suspensión, inhabilidad o destitución a funcionarios de elección popular sea adelantado ante un juez, quien goza de imparcialidad, independencia y objetividad en sus decisiones, alejado de intereses propios, tal como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos.

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