En Guatemala castigarían penalmente los abortos espontáneos

El Congreso de Guatemala estudia un proyecto de ley que busca endurecer las penas por abortar, prohíbe impartir clases de diversidad sexual e ideología de género en las escuelas y reitera la prohibición de contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

Se trata de la polémica iniciativa 5272 o “ley para la protección de la vida y la familia”, que fue presentada el año pasado por un grupo de diputados conservadores, ya pasó la segunda lectura y está a la espera de la tercera y última para seguir su curso, además de la aprobación final de cada artículo. De ser aprobada, el presidente Jimmy Morales deberá firmarla para que empiece a regir.

Actualmente, en Guatemala el aborto es legal únicamente cuando esté en riesgo la vida de la mujer o niña embarazada. Sin embargo, el texto de la nueva propuesta indica que la tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo serán sancionados con penas de dos a cuatro años, es decir, las mujeres que pierdan su embarazo de manera espontánea podrían ir a la cárcel.

De acuerdo Human Rights Watch (HRW), varios estudios sugieren que hasta el 30 % de los embarazos terminan en abortos espontáneos en una etapa temprana de la gestación y al menos el 10 % de los embarazos clínicamente reconocidos culminan por aborto espontáneo.

La pérdida del embarazo puede ocurrir por anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto involuntario, situaciones que están fuera del control de la mujer o de su médico.

Para José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, el proyecto podría tener resultados absurdos y discriminatorios, pues una mujer que se está recuperando de un aborto espontáneo podría también ser sometida a un interrogatorio por las autoridades sobre la pérdida de su embarazo.  

Además, agregó, limita gravemente el acceso al aborto legal, ya que exige varias aprobaciones médicas adicionales a los profesionales de la salud que practiquen estos procedimientos, lo cual provocaría que el aborto terapéutico, que es permitido, sea inaccesible para mujeres y niñas ubicadas en zonas rurales, de bajos recursos o con limitaciones en el servicio de salud.

Educación sexual

El proyecto también busca que se prohíba a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y en la adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género, así como enseñar como normales conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que “sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

Adicionalmente, rechaza la unión de dos personas del mismo sexo y resalta que la institución del matrimonio es entre un hombre y una mujer, nacidos así. Según los considerandos, los grupos minoritarios de la sociedad guatemalteca que proponen corrientes de pensamiento y prácticas incongruentes con la moral cristiana, así como modelos de conductas y convivencia distintos al orden natural del matrimonio y de la familia, representan una amenaza al equilibrio moral de la sociedad.

Según Sandra Morán, diputada de la coalición de izquierda Convergencia, “se trata de un proyecto de control, para que el Estado no pueda educar en diversidad sexual; de castigo, porque aumenta las penas del aborto, y de prohibición, porque veta el matrimonio igualitario”. En caso de ser aprobada la iniciativa, las organizaciones feministas y de derechos humanos prevén interponer recursos de inconstitucionalidad y ante organismos internacionales.

El pasado domingo 2 de septiembre, muchos guatemaltecos se reunieron en la Plaza de la Constitución convocados por el lema “Guate por la vida y la familia”, en una marcha en contra del aborto y la identidad de género.

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