¿Cómo lograr un verdadero diálogo nacional?
26 de Noviembre de 2019
A seis días del paro nacional convocado por organizaciones sindicales y estudiantiles, el pasado 21 de noviembre, el país ha visto una movilización popular con reivindicaciones de amplio espectro, pero también disturbios en varias ciudades, toques de queda, denuncias de abuso de autoridad, ciudadanos fallecidos, como el estudiante Dilan Cruz, así como numerosos heridos, incluyendo a miembros de la fuerza pública.
En este escenario de crisis, el presidente Iván Duque ha enviado varios mensajes al país y el más concreto es la que denominó una “conversación nacional”.
La Conversación Nacional se dará por medio de encuentros ciudadanos, con diferentes sectores sociales en regiones y ciudades. También contará con una plataforma tecnológica para compilar las propuestas de todos los colombianos. #GranConversaciónNacional
— Iván Duque (@IvanDuque) November 24, 2019
El mecanismo hasta ahora se empieza a conocer y genera muchas inquietudes. El presidente tomó la iniciativa reuniéndose con los gobernadores y alcaldes electos, dentro de un proceso de diálogo con más sectores que irá hasta el próximo 15 de marzo del 2020, lo que hace suponer que su iniciativa desembocará en proyectos de reforma que radicará ante el Congreso de la República.
La #GranConversaciónNacional, un mecanismo serio para recoger las propuestas de todo el país. Así lo explicó la ministra del Interior @NancyPatricia_G#JuntosConstruimos pic.twitter.com/0Lmp8wXqR0
— MinInterior Colombia (@MinInterior) November 25, 2019
El Ejecutivo nombró al director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano, como coordinador de la conversación.
Bajo el criterio de Duque, estos son los seis grandes temas que se deben discutir:
Crecimiento con equidad: fortaleciendo la producción nacional para que genere más inversión, empleos y desarrollo en todas las zonas rurales y urbanas más vulnerables.
Transparencia y lucha contra la corrupción: que nos permita acelerar los mecanismos para tener un Estado, una dirigencia y una ciudadanía más comprometida con la ética y los valores para garantizar que los recursos públicos y los privados tengan un uso legítimo y siempre priorizando el bien común.
Educación: el país del conocimiento y el cierre de brechas sociales, en el que la cobertura universal y de calidad sea compatible con mayores niveles de gratuidad, fortaleciendo la oferta pública y privada y el desarrollo de la educación digital.
La paz con legalidad: el avance para llegar a zonas más afectadas por la violencia debe garantizar el desarrollo rural, la protección a la vida digna y segura de nuestros campesinos y evitar que en cualquier lugar de Colombia continúe cualquier tipo de actividad ilegal.
Medio ambiente: el compromiso con preservar la biodiversidad, luchar contra el calentamiento global y la polución, porque estamos obligados con un futuro sostenible para el planeta.
Fortalecimiento de las instituciones: el respeto a nuestra Constitución y la ley es la base de nuestra sociedad. Contamos con una Constitución que es ejemplo de garantías y derechos, pero hace falta avanzar para que esos principios tengan una verdadera aplicación en todos los rincones de Colombia.
Semejante hoja de ruta que, hay que decirlo, describe muchas políticas de su Gobierno, busca incluir a los diferentes sectores sociales, económicos y políticos, no solo en los centros de poder, sino en las regiones, aunque falta conocer la metodología que facilitará el diálogo.
Pero los movimientos que organizaron el paro han criticado este anuncio, pues fue evidente que los primeros convocados eran líderes políticos y empresarios.
Presidente @IvanDuque no marchamos cientos de miles de colombianos por varios días para sentarnos en 'conversación' a tomar tinto y que escuche pero nos ignore. Exigimos concertación directa, que atienda los reclamos y logre un acuerdo en beneficio del país. #DuqueRespeteElParo.
— fecode (@fecode) November 25, 2019
Presidente Duque: El diálogo es con el pueblo, estudiantes, sindicatos, no con quienes ejercen el poder y manejan armas de la represion. Totalmente de acuerdo! https://t.co/ZWypyTktGD
— AsonalJudicialS.I. (@AsonalJudicial) November 25, 2019
Hoy fue la reunión del comité organizador del paro con el Presidente de la República y de allí surgieron diferencias con el método del Ejecutivo, pues los manifestantes no quieren que las reuniones queden subsumidas en la conversación de Duque.
#RuedaDePrensa
— CUT Colombia (@cutcolombia) November 26, 2019
El Comité Nacional de Paro aceptó la reunión con el Presidente @IvanDuque, bajo la consideración de que debía ser una mesa directa y permanente con quienes organizamos el paro y con el objetivo de tratar nuestra agenda#ParoNacional pic.twitter.com/fhDdXqZEH4
Las protestas siguen y el comité nacional convocó a paro nacional para mañana.
Y es por tan delicada labor que el país espera tener más claro qué es eso de la “conversación nacional”, para ello vale revisar cómo se han resuelto crisis de gran magnitud en momentos claves del país.
La solución institucional a los conflictos sociales
La violencia bipartidista de mitad del siglo XX fue conjurada con un pacto consocional conocido como el Frente Nacional, en el cual la reconciliación nacional fue institucionalizada a través de un acuerdo entre los dos partidos políticos tradicionales (Liberal y Conservador), que si bien redujo la violencia no la desapareció, y tuvo un alto costo político en materia de exclusión de grandes sectores sociales.
Para el paro de 1977, en el gobierno de Alfonso López Michelsen, la concertación ante la intensidad de las luchas sociales también se intentó a través de la institucionalidad democrática, pero, como dijo el investigador Daniel Pecaut, para eso era necesaria una apertura política previa, pues la repartición equitativa del poder se mantenía en la clase política tradicional.
El siglo pasado va dando muestras del debilitamiento de los partidos tradicionales y la Asamblea Nacional Constituyente posibilitó una nueva representación, que logró ampliar el diálogo nacional y produjo una Constitución Política reconocida como más incluyente que la de 1886.
Los acuerdos de paz con las Farc fueron el escenario más reciente en el que se intentó refrendar con la ciudadanía una negociación histórica. Si bien triunfó el No en contra de los acuerdos, el presidente Juan Manuel Santos convocó a conversaciones con los líderes opositores y de allí surgieron algunas reformas al texto negociado, pero no fue suficiente para dejar satisfechos a quienes no querían la firma de la paz con la guerrilla; Santos siguió adelante, pidió un acuerdo nacional de las fuerzas políticas y la paz se firmó hace tres años exactos.
El Gobierno dice que escuchará a los colombianos, incluso en plataformas digitales, aunque no hay enlaces en los sitios o redes sociales oficiales para que los ciudadanos participen. A juzgar por las tendencias que se pueden ver en la red, la conversación no parece haber tenido impacto.
Una cosa es el diálogo social y otra el “Estado Dialogante”de que habló Àlvaro GOMEZ. El primero exige cronogramas y temas precisos; el segundo es un estado de conversadera permanente, que no conduce a nada.
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) November 24, 2019
Por cual de los dos optará el gobierno con su “conversación nacional?
Alternativas que se han sugerido
El recién elegido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sugirió una constituyente como solución al estado del país, mientras que el futuro gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, planteó ayer una consulta popular.
Carta a Pdte @ivanduque para efectuar Diálogo Nacional amplio con sectores sociales, sindicales, juveniles, étnicos, gremiales, políticos nacionales y regionales, que conlleve a una Consulta Popular para encontrar soluciones a coyuntura Nacional. #DiálogoNacionalYConsultaPopular pic.twitter.com/5nQsNrjYBa
— Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) November 25, 2019
Por su lado, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, presentó una metodología para acercar a los sectores sin que sientan que se les impone la agenda.
Lo primero que pidió fue reconocer el rol del comité nacional del paro, conformar un grupo gestor para cada mesa de discusión, actividades preparatorias que permitan dar contexto y la reunión de las mesas, donde se privilegie el diálogo y la reflexión.
En la búsqueda de métodos novedosos para afrontar el inmenso reto de un diálogo incluyente, ÁMBITO JURÍDICO entrevistó a Santiago Pardo Rodríguez, abogado y coordinador del Laboratorio de diseño para la justicia de la Universidad de los Andes.
ÁMBITO JURÍDICO (A. J.): A su juicio, ¿cuál es la vía legal para institucionalizar los acuerdos que se logren en la “gran conversación nacional”?
Santiago Pardo (S. P.): En primer lugar, creo que es importante descartar de plano la idea de una constituyente por una razón muy sencilla, la Carta Política de 1991 fue producto de un proceso democrático pluralista, incluyente y cuyo resultado fue una Constitución con esas características. Incluso, las actas y las gacetas de la Asamblea Nacional Constituyente evidencian que el espíritu es profundamente democrático y participativo.
De hecho, hasta la acción de tutela fue considerada por el constituyente como un mecanismo de participación, porque permite consolidar y materializar derechos. Además, creo que ya existen varias plataformas que permiten realizar cambios normativos, aunque creo que, en este caso, los cambios que se requieren recaen en las políticas públicas.
Y es que considero que se debe dejar de lado ese fetichismo normativo y pensar que a través de una norma o a través de una reforma constitucional vamos a lograr esos cambios. Por eso insisto en que esas modificaciones deben recaer sobre las políticas públicas, para que consoliden mecanismos de participación que ya existen, como, por ejemplo, las consultas populares o los cabildos abiertos.
A. J.: ¿Cuál sería la inconveniencia de convocar a una asamblea nacional constituyente o un referendo?
S. P.: La inconveniencia de una asamblea nacional constituyente es clara por, al menos tres razones. La primera es que en un momento de tanta polarización no creo que se pueda repetir un espacio de consenso y diálogo como el que ocurrió en la constituyente del 90, que dio paso a la Constitución del 91.
La segunda es que, de nuevo, considero que muchos de los cambios que necesita el país no requieren un cambio constitucional, pues este tipo de propuestas hacen parte de lo que llamo fetichismo normativo, muy propio de nuestra sociedad y muy propia de los abogados que capturan muchos de estos debates.
Por último, creo que lo más importante ahora es implementar el acuerdo de paz, que es una de las consignas más importantes de las marchas, aunque no la única, porque así se profundiza en las promesas de la Constitución del 91 sin necesidad de cambiarla.
A. J.: ¿Qué mecanismos novedosos pueden ayudar a que la “conversación nacional” no se quede en los mecanismos de dialogo tradicionales y tenga efectos más inmediatos?
S. P.: Yo creo que para pensar en tener mecanismos novedosos hay que hacer por lo menos dos cosas: dejar de normativizar el debate, pues creo que los abogados no tienen que jugar un papel preponderante en estos tiempos y, así mismo, mirar experiencias comparadas de participación ciudadana adoptadas en países como Brasil, Islandia y Francia, que se pueden utilizar como referencia.
Pero, a mi juicio, lo más importante es que los abogados no capturen este debate, porque la discusión empieza a girar alrededor del cambio de un inciso, de un párrafo de una ley o de la Constitución.
Ahora, creo que existen unos mecanismos innovadores, como por ejemplo en el pensamiento de diseño, en la etnografía política, los implementados por antropólogos o diseñadores que pueden jugar un papel muy importante en crear condiciones de mecanismos de participación muy claros. De hecho, ya hay espacios en el Estado que están tratando de impulsar este tipo de acciones, como por ejemplo ocurre en el equipo de innovación pública de Planeación Nacional, que pueden ser un referente importante para la creación de estos mecanismos innovadores.
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