Un magistrado de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, asumió el reparto de la apelación que interpuso la Procuraduría a la tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió los efectos de la destitución e inhabilidad que le impuso el Ministerio Público al Alcalde de Bogotá. Se trata de la acción de amparo proyectada por el magistrado José María Armenta, el primero en decretar las medidas cautelares sobre la decisión mediante auto de admisión. La presidenta de la corporación, María Claudia Rojas Lasso, aseguró que la Sala Plena deberá determinar si asume el conocimiento de este nuevo proceso, como lo hizo frente a la impugnación que presentó el propio Gustavo Petro. Cabe subrayar que Rojas se declaró impedida para actuar en este caso, debido a que su hijo trabaja en la Procuraduría.