Como una discriminación de la justicia calificó el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, la respuesta negativa de la Corte Constitucional a la participación del alto tribunal en el debate previo al examen de exequibilidad del régimen pensional de los congresistas. El consejero no entiende cómo se convocó a los poderes Legislativo y Ejecutivo, además de los organismos de control, para pronunciarse respecto a la constitucionalidad del artículo 17 de la Ley 4ª de 1992, pero no se incluyó en la discusión al propio poder Judicial. Añadió que se equivocan quienes se empeñan en atribuirle a los jueces la responsabilidad de los excesos presentados en materia pensional, pues lo que hacen es aplicar normativas con origen en las dos restantes ramas del poder.