El Consejo de Estado le dio tres meses de plazo a los ministerios del Interior y de Medio Ambiente y a PDVSA para que diseñen e implementen un sistema de protección para prevención de ataques terroristas en el territorio donde se ubica la interconexión gasífera existente entre Colombia y Venezuela, donde habitan 85 comunidades Wayú (Guajira). El plan debe contener soluciones tipo infraestructural y otras similares para garantizar el tránsito seguro de los aborígenes y sus animales, que hasta ahora ha debido hacerse por encima del tubo por donde pasa el gasoducto. La Sección Segunda del alto tribunal dio desarrollo al reconocimiento del derecho a la integridad del territorio, que surgió de un análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional frente a un caso similar, garantía que consideró vulnerada por parte de las accionadas que, a su juicio, además violaron el derecho fundamentalde los accionantes a la seguridad personal. Pese a que en la decisión se niega el desconocimiento de la consulta previa, pues incluso de la concreción de este proceso se derivaron algunas remuneraciones y planes de mitigación por parte de PDVSA, la Sala concluyó que se está generando un riesgo extraordinario, específico, excepcional, desproporcionado y que está acompañado además de otras características que exigen una respuesta inmediata por parte de las accionadas, sobre todo teniendo en cuenta que ya se han producido dos ataques armados en la zona (M.P. Gustavo Gómez).