El Consejo de Estado negó la demanda de pérdida de investidura que, por supuesto tráfico de influencias, había sido presentada contra el senador Roy Barreras. En el mismo sentido, la Sala Plena denegó las pretensiones en contra del expresidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, al calificarlas de temerarias. Finalmente, la máxima instancia de la jurisdicción contencioso administrativa inhabilitó de por vida para aspirar a cargos de elección popular al representante Óscar de Jesús Marín. En este caso consideró que el dirigente político incurrió en conflicto de intereses, al participar en una votación para decidir el traslado de una investigación fiscal que se adelantaba en su contra en la Contraloría de Antioquia a la Contraloría General.