La Corte Constitucional explicó que es potestad del Consejo de Estado examinar de fondo el decreto que reglamenta la prohibición para que los entes territoriales limiten la actividad minera. Con estos argumentos, se declaró inhibida para analizar la demanda al artículo 2º del Decreto 934 de 2013. Indicó que el mandato de la máxima instancia contenciosa frente al texto demandado se deriva de la lectura del numeral 2º del artículo 237 superior y que en este caso no se activa ninguna de las competencias atípicas de la Corte Constitucional enunciadas en la Sentencia C-400 del 2013. Amparada en otras motivaciones, la Procuraduría también había solicitado la declaratoria de inhibición (M. P. Mauricio González).