El Consejo de Estado rechazó, por improcedente, la tutela que interpuso el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, contra la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo durante 15 años. Con una votación de 14 votos contra 11, la Sala Plena del alto tribunal aceptó la nueva ponencia presentada por el magistrado Alfonso Vargas Rincón. Según la postura vencedora, los artículos 230 y 231 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) le ofrecen al afectado las suficientes garantías para atacar la determinación a través de la jurisdicción ordinaria, sin necesidad de acudir a la acción de amparo constitucional. Así las cosas, el mandatario puede acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitando la suspensión provisional del acto administrativo que ejecute la decisión (C. P. Alfonso Vargas).