El Consejo de Estado admitió el recurso de apelación a la sentencia a través de la cual el Tribunal Administrativo del Chocó negó la demanda de nulidad de la elección como gobernador de ese departamento de Luis Gilberto Murillo. En su momento, la misma corporación había decretado la suspensión provisional del dirigente, confirmándola en repetidas oportunidades, tras la negativa inicial del juez de origen de acceder a las medidas cautelares. Aparentemente, Murillo incurrió en una de las causales de inhabilidad prevista en el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 617 del 2000, al haber sido objeto de una condena penal que, por la legislación de la época, lo inhabilitaba de por vida para la función pública, como lo indicaba el certificado de antecedentes disciplinarios que registraba la Procuraduría en su nombre. La defensa alegaba la ineficacia actual de la sentencia por el cambio de normativa (M. P. Alberto Yepes).