La Corte Constitucional publicó recientemente la sentencia en la que decidió la exequibilidad del Decreto 1953 del 2014, mediante el cual se crea un régimen especial para poner en funcionamiento los territorios indígenas, hasta que el Congreso expedida una ley que cumpla lo dictado por el artículo 329 de la Constitución Política . El máximo juez de la Carta Política resolvió que dicho aparato normativo no vulnera los artículos 150, 329 y 56 transitorio, por cuanto se ocupa de ofrecer un marco que hace posible el funcionamiento de los territorios indígenas y se originó en vigencia de la competencia establecida en el artículo transitorio; por esto, el Gobierno no violó las facultades que en esta materia le confería el ordenamiento superior.