El Consejo de Estado decidió sortear cinco conjueces que se sumarán a la Sala Plena para determinar si la corporación mantiene o no la competencia para juzgar del Decreto 364 del 2013, por medio del cual el Distrito Capital adoptó un nuevo plan de ordenamiento territorial. Lo anterior luego de producirse una votación de 13 a 9, en la que la mayoría consideró que la máxima instancia contencioso administrativa era competente para juzgar, en única instancia, los actos generales del ente territorial, frente a una minoría que considera que es un juez administrativo del circuito el que debe juzgarlos, en procesos de doble instancia. Dentro de la primera postura se han establecido dos vertientes, una de la cuales sostiene que la competencia del Consejo de Estado radica en una cláusula general que le permite examinar actos de municipios y distritos y la segunda, según la cual los actos de la administración de Bogotá deben ser conocidos por este alto tribunal. Sin embargo, ninguna de las dos alcanzó la mayoría decisiva para fijar la posición definitiva. En caso de que la línea minoritaria obtenga el respaldo mínimo que necesita para decidir, perdería vigencia la medida cautelar; de lo contrario, se mantendría, por lo menos hasta que se resuelva la solicitud de súplica contra la orden de suspensión emitida por el propio Consejo de Estado