La Corte Constitucional concluyó que los congresistas no pueden subordinar a sus propios criterios las funciones que le han sido atribuidas al Presidente de la República por mandato constitucional. Con estos argumentos, declaró inexequible la Ley 1501 del 2011, mediante la cual se le ordenaba al jefe del Ejecutivo la expedición de pasaportes diplomáticos a parlamentarios. Además, la corporación indicó que el decreto 2877 del 2001, por medio del cual se reglamenta la expedición de los citados pasaportes diplomáticos, tiene su origen en una norma constitucional que, como el numeral 2° del artículo 189 superior, impone al jefe del Gobierno la facultad exclusiva en la materia; de ahí que la Corte concluya que se produjo una interferencia del legislativo en una función constitucionalmente consagrada en el presidente (M. P. María Victoria Calle).