Aunque la Corte Constitucional declaró exequible ajustar al principio de sostenibilidad fiscal la reparación integral y la atención especial a la que tienen derecho las víctimas de grupos armados que pertenezcan a comunidades rom, condicionó la restricción a la que en ese mismo sentido hizo para comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales (artículo 19 de la Ley 1448 del 2011, artículo 77 del Decreto 4634 del 2011 y artículo 80 del Decreto 4635 del 2011). En este caso, consideró que la norma se ajusta a la Constitución siempre y cuando se garantice que se cuenta con recursos suficientes para costear las medidas de reparación administrativa y, en particular, la indemnización, distribuyendo los beneficios de manera razonable y proporcionada al número de víctimas, según la magnitud del daño sufrido y de acuerdo con las metas establecidas en los planes de reparación.