El proyecto de acto legislativo fue presentado ante el Senado de la República y ya cuenta con ponencia positiva para primer debate, el cual se llevará a cabo en la Comisión Primera de dicha corporación. La iniciativa propone adecuar el texto constitucional, en especial el artículo 64, a las realidades actuales y las exigencias de las comunidades campesinas. Lo anterior como respuesta a la discriminación y exclusión de la que históricamente ha sido víctima este grupo social. En tal virtud, se garantizaría el derecho a la tierra y se impondría como obligación del Estado promover políticas redistributivas que permitan el acceso del campesinado a la tierra en forma individual, asociativa o colectiva, así como a otros recursos productivos. Estos procesos deberán garantizar la equidad de género. Adicionalmente, se obligaría al Gobierno nacional a reconocer diversas formas de territorialidad campesina en áreas geográficas cuyas características agroecológicas y socioeconómicas requieran o permitan el fortalecimiento de la economía propia y el desarrollo de planes de vida de comunidades campesinas. En los casos en los que se planee la realización de proyectos que impliquen la intervención o afectación de territorios campesinos, de tierras destinadas a la agricultura basada en la economía campesina o de recursos naturales existentes en estos territorios, el Presidente de la República, los gobernadores o alcaldes, según sea el caso, deberán realizar una consulta popular con los habitantes de las tierras. En todos los casos la decisión tomada por el pueblo será de carácter obligatorio. Consulte el texto completo de la ponencia para primer debate en el documento adjunto a la presente nota.