A través de la Ley 1653 del 2013, se reguló el nuevo arancel judicial y se dictaron disposiciones relativas a la materia. Por medio de este escrito, se pretende la inexequibilidad del artículo 6º, parcial, que prevé los sujetos pasivos del arancel, la forma de pago y la actuación del juez en el cobro. El demandante alega la vulneración de los artículos 1º, 2º, 228 y 229 de la Carta Política, pues el arancel releva al Estado de la obligación de administrar y garantizar el acceso a la justicia, al condicionarla al pago de un emolumento. Vale la pena mencionar que la Corte Constitucional decidió acumular en un solo expediente otras ocho acciones públicas de constitucionalidad que fueron radicadas desde la expedición de la norma. Las demandas acumuladas son: D-9811, D-9814, D-9815, D-9820, D-9829, D-9832, D-9833 y D-9835 (demandante: Fernando Alberto García Forero).