En la Comisión Primera de la Cámara se estudiará, en primer debate, un proyecto que pretende modificar el artículo 34 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 del 2004), para establecer un fuero legal a favor de los alcaldes. Así, los casos de mandatarios locales sometidos a procesos penales no serían conocidos por jueces municipales sino por las salas penales de los tribunales superiores de distrito. Dicen los autores de la propuesta que el juzgamiento por parte de funcionarios unipersonales de menor rango y conocimiento hace que estos procesos estén “movidos básicamente por consideraciones penales ordinarias, sin que se tenga en cuenta la compleja estructura normativa que regula a la administración pública”.