La Sección Primera del Consejo de Estado le ordenó al Ministerio de Salud que, dentro de los nueve meses siguientes a la notificación de la sentencia, realice los actos necesarios para la revisión de la regulación vigente en materia de bebidas energizantes, para establecer contenidos que, de conformidad con los mejores conocimientos científicos disponibles, permitan salvaguardar la salud e integridad de los consumidores en general y de los sujetos de especial protección (menores, madres en embarazo y en lactancia), que en particular pueden resultar perjudicados con su consumo. Para el Consejo de Estado, se vulneró el derecho colectivo a la salubridad pública y los derechos de consumidores como consecuencia de la insuficiente información que la Resolución 4150 del 2009 obliga a ofrecer al público sobre los riesgos el consumo de estas bebidas (C. P. Guillermo Vargas Ayala).