Minjusticia propone reglamentar el uso de plantas de coca y amapola para fines médicos

El Ministerio de Justicia y del Derecho dio a conocer un nuevo proyecto de decreto que buscaría regular el uso de plantas de amapola y coca con fines médicos, científicos e industriales. Esta iniciativa se enmarcaría dentro de los esfuerzos del Gobierno para reducir los cultivos de uso ilícito y garantizar que las actividades relacionadas se mantengan dentro de los límites de la legalidad.

El proyecto plantea que solo las entidades públicas podrán ser autorizadas para llevar a cabo actividades relacionadas con el cultivo y uso de estas plantas. Esta medida sería considerada esencial para minimizar el riesgo de que las sustancias fiscalizadas sean desviadas al mercado ilícito de drogas. Además, se requerirá que las entidades presenten un proyecto detallado que justifique las actividades a realizar, incluyendo objetivos y ubicación.(Lea: Regularían expedición de licencias de fabricación de derivados de cannabis).

Asimismo, el proyecto de decreto incluye disposiciones sobre la consulta previa con comunidades étnicas. En caso de que se pretenda realizar un proyecto en asociación con estas comunidades, se deberá contar con el concepto previo del Ministerio del Interior. Esto garantizaría el respeto a los derechos de las comunidades y su participación en la toma de decisiones que les afectan.

En cuanto a los requisitos para las autorizaciones, las entidades públicas deberán presentar una solicitud ante la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Esta solicitud deberá incluir información detallada sobre el proyecto, así como los objetivos y finalidades que se persiguen. La regulación también contemplaría la posibilidad de ampliar la cobertura de los municipios involucrados en el proyecto.

Del mismo modo, el documento también plantea normas específicas para el transporte de mercancías derivadas de estas plantas. Los transportadores deberán portar la autorización emitida por el CNE y cumplir con la normativa aplicable al tipo de mercancía. Además, se prevé la inspección directa de la mercancía por parte de la Policía Nacional y otras entidades competentes.

Por último, el proyecto de decreto contemplaría medidas de seguridad en caso de que se impongan sanciones. La autoridad que imponga una medida deberá informar al CNE para evaluar si es necesario suspender la autorización. Una vez levantada la medida, se deberá remitir la documentación correspondiente para restablecer la autorización.

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