Si bien el Gobierno se amparó en el Auto 073 del 2014 para sustentar su propuesta de suspender las aspersiones aéreas con glifosato de manera general, esa providencia de la Corte Constitucional apunta a que el Ministerio de Medio Ambiente debe aplicar el principio de precaución frente a las actividades que pusieran en peligro a comunidades negras del Pacífico y Nariño. En concreto, el alto tribunal ordenó al Gobierno examinar si los integrantes de esas colectividades étnicas han sufrido daños en su salud como consecuencia de estas aspersiones para, en caso tal, ordenar la suspensión de ese tipo de fumigación de cultivos. En esa misma decisión la Sala reconoce la falta de estudios concluyentes que demuestren relaciones causales entre daños en la salud humana y las aspersiones, por lo que instó a las autoridades a estudiarlas.