Un comunicado de prensa informó que esa será la fecha en la cual se desarrollará la audiencia inicial dentro del proceso que unificó 11 demandas que buscan definir la titularidad de varias propiedades reclamadas por la población víctima del desplazamiento forzado. El proceso, instaurado por una empresa privada, busca revisar las decisiones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) respecto de los inmuebles ubicados en el departamento de Bolivar, sobre los que declara que no existen títulos suficientes para acreditar la propiedad privada de esos terrenos. La diligencia será pública y abierta a los interesados que, aunque no podrán intervenir, podrán asistir para conocer los alcances de lo que puede ser la decisión, culminó el documento.