De acuerdo con el artículo 7º de la Ley 1531 del 2012, uno de los fines de la declaración de ausencia por desaparición forzada es garantizar el derecho de la familia y los hijos menores a percibir los salarios, cuando el desaparecido sea un servidor público.

La demanda de inconstitucionalidad ataca las expresiones “de la familia y de los hijos menores” y “cuando se trate de un servidor público”, con base en la supuesta violación de los artículos 1º, 13 y 95 (numeral 2º) de la Constitución.

Según el ciudadano, el Congreso incurrió en una omisión legislativa, pues la norma no incluyó a la pareja homosexual del desaparecido o a los hijos mayores discapacitados que dependan económicamente de su padre desaparecido, entre otros posibles beneficiarios.

“Con los términos ‘familia’ e ‘hijos menores’  el legislador se encuentra en una omisión relativa por cuanto al establecer estos términos en la norma analizada dejó por fuera a un grupo de ciudadanos que merece estar igualmente protegidos por los derechos consagrados a la norma”, señala la demanda.

Vale la pena recordar que la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional condicionar la exequibilidad de la expresión “de los hijos menores” contenida en el literal d) del artículo 7° de la Ley 1531 del 2012.

Según el Ministerio Público, el derecho a percibir los salarios de una víctima de desaparición forzada debe extenderse todas las personas que se encuentren en situación de debilidad manifiesta y dependan económicamente de él.

(Corte Constitucional, Demanda 9235, sep. 14/12, Demandante: Cristian Hernán Gómez Navarro)