A través de un comunicado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura informó que el paro judicial que adelantan los funcionarios desde hace casi tres meses a nivel nacional le ha costado al Gobierno unos 100.000 millones de pesos.

Esto debido a que se ha dejado de atender en centros de servicios como el complejo judicial de Paloquemao, los tribunales de Bogotá y regiones como Antioquia, Córdoba y Valle, entre otras.

La cifra se obtuvo también teniendo en cuenta la participación de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, en la medición de las audiencias que se dejaron de realizar y los procesos que quedaron pendientes de decisión, a raíz del paro.

En el comunicado, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura instó a Asonal para que el paro sea levantado inmediatamente y de forma definitiva para evitar así que se siga afectando el derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.

La Sala Administrativa, por su parte, ha adoptado las medidas que son de su resorte, como la eliminación de cargos de descongestión y la exhortación a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial para que acate la circular del Contralor que ordena no pagar el salario de diciembre a los servidores judiciales que no trabajaron con ocasión del paro.

Audiencias aplazadas

Según datos aportados en diciembre pasado por la Fiscalía General de la Nación,  23.370 audiencias han sido interrumpidas a nivel nacional, con ocasión del paro judicial.

Según el reporte de la entidad, Bogotá es la zona con el número mayor de audiencias aplazadas, con un total de 11.699, seguida de Santander, con 2.107; Cesar, con 1.890; Bolívar, con 1.624; Meta, con 1.558, y Boyacá, con 520. Además, se aplazaron 10 audiencias por casos especiales en Meta, seguido de Putumayo (9), Sucre (7) y Santander (5).

Pronunciamientos

Adicionalmente, hace dos semanas, la Fiscalía recordó que la jurisprudencia de la Corte Constitucional permite que en temporada de cese de actividades, la Fiscalía radique los escritos de acusación en una notaría o enviando por correo electrónico al centro de servicios judiciales los documentos que permitan realizar el acto.

Igualmente,  el Consejo de Estado recordó que los términos de caducidad se interrumpen durante el paro judicial. Además, la Corte Suprema de Justicia advirtió que las solicitudes de libertad por vencimiento de términos pueden tramitarse mediante hábeas corpus, sin realizar la respectiva audiencia ante el juez de control de garantías, como alternativa para garantizar el derecho a la libertad personal, que podría verse amenazado con el paro.