Tras recibir quejas relacionadas con el proceso de acreditación de víctimas de desplazamiento forzado implementado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 del 2011), la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial a la Dirección de Registro y Gestión de Información de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La medida busca verificar si se han cumplido los criterios de inclusión establecidos por el alto tribunal en las sentencias C-253A y C-781 del 2012, que señalan los parámetros que deben tener en cuenta las autoridades administrativas para determinar qué tipo de hechos delictivos hacen parte del conflicto armado interno y cuáles deben ser excluidos de los beneficios de la ley.

Según la Corte, desde que el Registro Único de Víctimas entró a ser administrado por dicha unidad, ese tribunal ha recibido informes permanentes de entidades territoriales, órganos de control, organismos internacionales y organizaciones humanitarias, en los que advierten sobre un grave retroceso en materia de atención y protección, derivado de las dificultades operativas en el sistema de registro.

La corporación solicitó los lineamientos mediante los cuales se han venido valorando los presuntos eventos de desplazamiento ocurridos durante el 2012 y lo que va corrido del 2013, detallando, caso a caso, por qué se ha determinado incluir o excluir a quien solicita hacer parte del Registro Único de Víctimas.

(Corte Constitucional, Auto 052 (Sentencia T-025/04), mar. 19/13, M. P. Luis Ernesto Vargas)